Confesó...

El procesado militar aguantó la acusación y contra atacó con una declaración sorprendente: se hizo responsable de todo lo que ocurrió en Tucumán durante su mandato de facto, admitió que hubo un plan sistemático de detenciones, y reconoció que hubo cientos de lugares de detención

A las 8.45 de la mañana de ayer, el procesado general y ex gobernador de Tucumán ingresaba al edificio del Tribunal Oral Federal para esperar el comienzo de la audiencia suspendida el pasado martes cuando Bussi dijo que le dolía el corazón.
Después de casi 48 horas de aquel incidente, el perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, José María David, aseguró que Antonio Bussi estaba en condiciones de asistir a la audiencia y así, terminar de escuchar la lectura de la acusación que había quedado por la mitad el martes pasado. Bussi al fin, escuchó la delitos que le imputó la Fiscalía: violación ilegítima del domicilio, violación a la libertad individual, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado, asociación ilícita y por los delitos de lesa humanidad y genocidio, en el marco de la causa por la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse.
La impecable acusación que elaboró la Fiscalía planteó además, el marco histórico, político y económico en el que se desarrolló el terrorismo de Estado en la Argentina. Hizo una caracterización de la transnacionalización de nuestra economía. Del fin político que perseguía y su relación con los intereses de los monopolios internacionles asociados a sectores de la oligarquía local. Y destacó el papel de militares del Proceso de Reorganización Nacional como mano ejecutora de un plan sistemático de terror, muerte y desaparición contra los potenciales opositores al régimen.
Luego de un breve cuarto intermedio se retomó la audiencia y fue la oportunidad para que la defensa técnica desplegara su estrategia: insistir con la precaria condición física de su defendido, poner en duda el informe médico del perito de la Corte Suprema de Justicia y pedir que el Tribunal convoque a la sala al médico José María David.
Desestimado por los magistrados el pedido de la defensora oficial, Amalina Silvia Assaf, el presidente del Tribunal invitó a los imputados a hacer uso de la palabra y así llegó el turno de Antonio Domingo Bussi quien sorprendió por su lucidez y atención, a pesar de su pedido de “indulgencia” al tribunal, no por los delitos que se le imputan, sino por su estado de salud.
La palabra resonó en la sala y más de un atento observador se habrá preguntado si aquel concepto utilizado por Bussi habrá tenido el mismo significado que dice tener la Real Academia Española, cuando era el dueño de la vida y la muerte en nuestra provincia. (Indulgencia: Facilidad en perdonar o disimular las culpas o en conceder gracias).

Dos estrategias diferenciadas
Amalina Silvia Assaf, la defensora oficial, se encargó de aclarar que su tarea iba a ser eminentemente técnica y respetando su deber profesional. Así puso distancia de la declaración que había preparado Antonio Domingo Bussi, al que se lo vio ansioso por dar lectura y hasta comentar. “Puede ser que desde la Nación le hayan bajado línea a la defensora para que no se meta con la cuestión política. Pero ojo que es una mina muy picante”, comentó una alta fuente judicial que conoce bien el desempeño de Asaf.
Aunque todavía no se expresó claramente en el juicio, la abogada defensora de Bussi resultó una mujer muy activa en el plano procesal promoviendo incidentes que, si bien responden a las dudas sobre el período de instruccción de la causa, también pueden ayudar a la primera estrategia promovida por los hijos del general Bussi, Ricardo y Luis José: la de la inimputablidad por razones de salud y la dilación de los tiempos procesales.
Antonio Bussi eligió para su relato reforzar la hipótesis de la guerra. Esta hipótesis fue la justificación histórica de los militares y civiles que fueron parte de la dictadura militar y su prueba piloto, el Operativo Independencia.
En ese sentido, todos los muertos, torturados, secuestrados fueron víctimas de un estado de guerra en el que los derechos desaparecen por arte de magia y el concepto de personas desaparecidas no es más que un ardid de los grupos revolucionarios en su “pasaje a la clandestinidad”.
Claro está que el Tribunal y el fiscal Alfredo Terraf esperaban que Bussi hiciera mención puntual sobre la causa por lo que había sido imputado. Y no dudó en definir al ex senador Guillermo Vargas Aignasse como un “perejil y buchón” que se había ganado su libertad por “delatar” a sus compañeros. La indignación no se hizo esperar y las respuestas en la sala tampoco. El hijo del senador desaparecido, el diputado Gerónimo Vargas Aignasse perdió la compostura y fue obligado a abandonar la sala de audiencias.
Pero Bussi en su relato dejó tres afirmaciones que delatan su verdadero compromiso con los delitos que le imputan en este proceso: admitió que fue el responsable de lo hechos denunciados durante su comandancia militar y su gobierno de facto en la provincia; reveló que la orden de detención de cientos de militantes populares, dirigentes políticos y estudiantes estaba planificada un mes antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y que había “cientos de centros de detencion” en la provincia bajo su mando.
El fiscal Alfredo Terraf quedó boquiabierto con la declaración voluntaria de Bussi y no perdió la oportunidad de interpelar al acusado quien aceptó el convite con las miradas azoradas de su defensora y allegados.
A esa altura, Bussi había demostrado que su capacidad psíquica estaba intacta. Salvo el quebranto de su voz por los repentinos llantos que interrumpió su alocución, se mostró siempre coherente en su relato. Era él frente al Tribunal, al que también cuestionó y se definió como un “perseguido político”.
Su declaración entonces, no sólo será aprovechada para la estrategia del fiscal Terraf como parte acusadora, sino también resultará clave en las otras causas que todavía esperan por su elevación a juicio oral. Particularmente, aquellas que están agrupadas por centros clandestino de detención en los que fueron apresados, asesinados y desaparecidos cientos de tucumanos y que al parecer, ya tienen una confesión de parte.

Tres veces lloró y pidió indulgencia

Concurro a este acto consciente de la precariedad de mi salud física y de las consecuencias que este mismo acto podría acarrearme.
- Lo que llama mi atención hasta constituirse a mi juicio en una aberración jurídica, es la omisión sistemática, deliberada, arbitraria e intencional en el marco histórico de la guerra que tuviera lugar en Tucumán...()...para aniquilar la agresión marxista y leninista que tenía lugar en la casi totalidad del territorio nacional con epicentro en Tucumán.
- Estas bandas no eran jóvenes idealistas, eran mercenarios, eran traidores a la patria que explotaron necesidades extremas de los lugareños para convertirlos en carnes de cañón y llevarlos a la guerra.
- Por esta arbitraria tergiversación de las circunstancias y los hechos armada por los ideólogos de la subversión, hoy gobierno, corresponde rescatar de nuestra historia reciente la guerra que tuvo lugar en Tucumán durante mi comando en el período 76 y 77.
- En Tucumán, a diferencia de las operaciones del resto del territorio nacional, se llevaron a cabo operaciones específicamente militares, encuadradas en la doctrina, leyes y reglamentos militares.
- No faltaron las denuncias indemnizatorias de familiares de muertos en combate que no reclamaron a los suyos en tiempo y forma por vergüenza social, temor a ser relacionados con el accionar subversivo, etc., asesorados por pseudas organizaciones de DD HH convertidas en verdaderas empresas financieras y profesionales inescrupulosos que amasaron fortunas patrocinando causas sin fundamento valedero.
- En el caso particular de la desaparición del ex senador Vargas Aignasse ratifico mis declaraciones anteriores a las cuales agrego: la detención del ex Senador fue resultado de una orden de servicio estricta y detallada, de carácter inexcusable e insoslayable.
- Me considero un perseguido político por el Gobierno y, bajo su presión permanente y directa, un procesado por la Justicia que me ha privado de derechos expresamente contemplados a la Constitución Nacional.
- Siento ser una víctima del rencor y la venganza por los derrotados de ayer en los montes y en las urnas tucumanas.
- La orden de detención me llegó vía Comandante del III Cuerpo por la Junta de Comandantes en Jefe. No recuerdo quien era el comandante.
- La orden llegó a fines de febrero del 76 para ejecutarlas el día D y la hora H coincidente con la inminencia del Golpe militar.
- Estábamos en Estado de guerra y de sitio. Lamentable o afortunadamente asumía con el cargo la suma del poder público de la provincia. Tenía las capacidades y competencias para intervenir la Justicia Provincial y Federal y las respeté para que me sirvieran de contralor.
- El accionar subversivo no daba tiempo para requisitos legales que en la práctica no se podían llevar a cabo. Si usted detectaba que en la calle transitaba un enemigo lo capturaba, no lo detenía sin orden judicial, así es en Estado de guerra.
- Eso de las patotas es parte de la trama y del libreto que el erpiano Luis Eduardo Duhalde, con el asesoramiento de ex detenidos liberados e individuos expulsados de instituciones por mala conducta y el señor Juan Martín, permitieron el armado de una trama y de un libreto para justificar el pasaje a la clandestinidad.
- Voluntaria y espontáneamente el señor Vargas Aignasse ofreció a cambio de su libertad una frondosa documentación delatando a sus compañeros de ruta.
- Lo liberaron (la Junta de Comandantes en Jefe) porque informé que era un perejil, un buchón, y que había colaborado eficientemente en la localización de casas montoneras, que no tuvieron éxito porque fueron alertadas previamente. Era vox populi en la policía y en la cárcel que su compañero había delatado a sus compañeros de ruta.
- Había cientos de lugares de detención cuando era comandante. Cada fuerza de tareas, más de veinte fuerzas de tarea, montaba su propio lugar de detención de personas para la simple identificación de antecedentes de personas sospechosas o sorprendidas en apoyo del accionar subversivo.


Bejas espera la oportunidad para remitir un nuevo caso a juicio oral

El Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Daniel Bejas trabaja intensamente para culminar los últimos detalles para elevar a jucio oral otra causa más vinculada a delitos cometidos por las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar.
Se trata de la investigación en primera instancia que llevó adelante el fiscal Federal Emilio Ferrer, por el presunto fusilamiento a sangre fría de un grupo de jóvenes militantes de la agrupación peronista de izquierda conocida como Montoneros.
Hasta ahora, en los estrados federales la causa se mantiene en absoluta reserva, pero fuentes allegadas a la investigación aseguraron que se trataría del caso denominado “Romero Niklinson” y en los próximos 15 días podría confirmarse el pedido de elevación a juicio oral.
El hecho habría ocurrido en el año 1976 y culminó con la muerte de cuatro militantes luego de la irrupción por la fuerza de un Grupo de Tarea supuestamente integrado por efectivos de la Policía Provincial, a la casa que habitaban los jóvenes en Barrio Echeverría.
En el procedimiento ilegal perdieron la vida Mercedes Niklinson, conocida por sus compañeros como “La sueca” junto a tres de sus compañeros que estaban ocasionalmente reunidos en la casa de la pareja Romero Niklison. La mujer era oriunda de la provincia de Santa Fe y estaba casada con Raúl Romero. Según relataron ex compañeros de los jóvenes. Romero logró sobrevivir al ataque del grupo irregular porque en ese momento había salido en busca de su pequeña hija María Alejandra Romero Niklinson. Luego de la tragedia, padre e hija lograron escapar de la provincia y María Alejandra fue criada por sus abuelos en la provincia de Santa Fe.
Justamente la hija de la pareja, se habría presentado a los estrados federales tucumanos para asumir su papel como querellante en la causa del asesinato de su madre (Mercedes “la sueca” Nicklinson) y para interiorizarse de la investigación que llevó a cabo el fiscal Ferrer.
Según trascendió, Ferrer habría solicitado autopsias a por lo menos tres de los restos óseos de las víctimas. La pericia habría develado la presencia de orificios de bala hechos a poca distancia en la nuca o en el cráneo, indicios de un posible fusilamiento o bien, del tristemente conocido “tiro de gracia”, que acabó con la vida de los militantes peronistas.
Los principales imputados por el asesinato de aquellos jóvenes serían Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, aunque no se descarta que surjan nuevos acusados a partir de los testimonios que podrían brindar los testigos citados por la investigación.
Según trascendió, un efectivo policial conocido paradójicamente como “el negro Romero”, fue el que comandó el operativo contra los militantes peronista y es señalado como el ejecutor de las víctimas. “Se jactaba de haber matado subersivos y hasta contó con detalles cómo pateaban los cuerpos que quedaron frente a uno de los placares de la casa mientras se probaban la ropa de las víctimas”, relató una fuente que conoce al ex policía y represor, pidiendo la reserva, por ahora, de su identidad.


El caso de la desaparición de un periodista espera su turno

Otra de las causas que despierta especial interés es la de la desaparición forzosa del periodista de Canal 10 José Eduardo Ramos quien fue secuestrado por un grupo de tareas junto a su esposa, Alicia Cerrota de Ramos, el 1 de noviembre de 1976.
El padre de José Eduardo actúa como querellante y sus abogados patrocinantes esperan la clausura del sumario y la elevación del caso para juicio oral y público, acto que deberá realizar el Juez federal subrogante Nº 1 Raúl Daniel Bejas.

Los hechos
La pareja había sido sacada a punta de pistola de la casa donde vivían, en horas de la madrugada.
Por testimonios de Esther Garbarino y del padre de José Eduardo se desprende que Alicia se encontraba embarazada. Los jóvenes profesionales y artistas fueron conducidos a los centros clandestinos de detención (CCD) de la ex jefatura de Policía y Escuela de Educación Física de la UNT donde según otros testigos se les aplicó diversos tormentos, tratos crueles y degradantes.
Junto a Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi actuó personal del denominado SIC y un tal "cabo Savino", conocido represor que actuaba como censor y armador de listas negras en canal 10 de la UNT
El día 12 diciembre de 1996 mediante sentencia del Juez Civil y Comercial de Tucumán, Carlos Arraya, se reconoce civilmente las desapariciones forzadas de ambos, y que en el momento de los hechos contaban con 23 y 22 años respectivamente.
La Cámara Federal de Tucumán durante 2006 confirmó el encuadramiento de crimen de lesa humanidad que realiza el auto de procesamiento.
Dados los numerosos testimonios de periodistas y artistas del medio provincial -el propio gremio de prensa se encuentra presentado en la causa y denunció el caso al juez de la Audiencia Nacional de España; Baltasar Garzón Real porque el joven José Eduardo tenía doble nacionalidad-, más la documentación judicial existente se espera la clausura del sumario y la elevación del caso para juicio oral y público,
José Eduardo Ramos es uno de los dos periodistas desaparecidos en la provincia de Tucumán (el otro es Maurice Jeger).

El Periódico (Tucumán)