El Periódico de Tucumán (Edición Semanal)
07/02/09
El ejercicio de la memoria es lo que permite a los pueblos no repetir sus errores, y también es el único límite a la permanencia de los responsables.
Cuando el 12 de Julio de 2007 en Sesión Especial Extraordinaria la Honorable Legislatura de Tucumán aprobó el Acta de Renegociación Integral (ARI) con EDET se concretaba un hecho político que resulta ejemplo perfecto de una administración estatal empresario-gubernativa que pone a la política al servicio de los negocios. Veinticinco legisladores oficialistas (ver lista aparte) levantaron la mano sin asomo de debate alguno, a pesar de la indignación que mostraba la oposición.
De los 33 legisladores que votaron, sólo 8 hicieron uso de la palabra, 6 de ellos fueron parte de los 8 que votaron en contra. Ese es el interés que mostró el oficialismo por un tema que hoy desespera al bolsillo de todos los tucumanos.
Antes, se había formado una comisión especial que llevó el irónico nombre de Comisión Especial de Seguimiento y Control de Edet. El miembro informante de esa comisión, Victor Lossi, abrió la lista de oradores con más ironía aún. Dijo, según la versión taquigráfica, entre otras cosas: “Establecimos planes de inversión para resolver la débil estructura del servicio, para lograr una mejor calidad del mismo, y recuperemos así la capacidad del Estado en la orientación y desarrollo de la oferta energética que se necesita”.
Su colega y cómplice Regino Amado lo apoyó: “Estamos asignando herramientas suficientes a la concesionaria para ser traducida en un servicio más eficiente, competitivo y sustentable a favor de los usuarios”. Intervenciones cortas, desganadas. La diástole de la billetera cardíaca gubernamental había ya garantizado los resultados. De nada sirvió que Alejandro Sangenis se aplicara con ahínco a denunciar: “Es fracaso (el convenio) en medio de la opulencia, es prioridad clientelar, es exclusión cotidiana, es preferir el bolsón y la ignorancia de rodillas de un pueblo a darle las infraestructuras necesarias…es la inequidad maldita que sufren los que menos tienen. Yo creo que Alperovich y EDET han cambiado la fórmula de la energía de Einstein. En lugar de masa por velocidad de la luz al cuadrado, ahora es meses retroactivos ilegales por complicidad del Gobierno al cuadrado”.
José Cano lo secundó desgañitándose: “Me parece realmente que este Poder Legislativo esta renunciando por “Obediencia debida” a una facultad indelegable, cuando esto se aplique vamos a ver cuál es la verdad (...) Acá, lo que se hizo es un acuerdo entre Alperovich y la empresa y todo el resto ha sido un mero trámite, porque repito, a EDET le es más fácil financiar campañas políticas que cumplir con el contrato”.
Le siguieron Rodolfo Danesi, Juan Roberto Robles, José Costanzo y Ernesto Padilla desde la oposición. Sin éxito por supuesto. Y puso el broche final el inefable Sisto Terán Nougués como para que la última palabra no sea de los críticos.
Así fue como, en un ratito, condenaron a la sociedad tucumana a pagar, y con retroactividad, todo lo que EDET considere que debemos pagar, según los costos que ellos consideran que tienen. En este tema, la legislatura pasó a funcionar en av. Avellaneda. Fue casi una reunión de directorio.
La administración empresario-gubernativa que maneja los resortes del Estado Provincial eligió claramente atender sus negocios aún a costa de los posibles costos políticos futuros, los que podrían cosechar ahora que la gente se dio cuenta de lo que se pergeñó al promediar el año 2007. La posible pérdida de algunos votos intenta ahora ser exorcizada con un poco de política demagógica y mucho de las arcas estatales. Se subsidiará a EDET, y de esta forma se sostiene el negocio y se atenúan las pérdidas políticas. Es el péndulo de las actitudes del Gran Administrador que debe alimentar tanto los intereses de su mesa de comensales como instrumentar las acciones destinadas a profundizar la dependencia de los más pobres de las dádivas clientelares. Así sostiene la materia prima de su poder, el insumo básico de la otra empresa, la empresa dedicada a ganar elecciones, sin descuidar el objetivo final de toda empresa, las ganancias.
Hacer política hace mucho tiempo que dejó de ser cosa de políticos, y por tanto dejó de ser un arte. Es cosa de ambiciosos empresarios posmodernos a ambos lados del mostrador. En el despacho oficial o en la gerencia general.
Así lo demuestra la posición sostenida por la propia esposa del gobernador y Diputada Nacional Beatriz Rojkés de Alperovich quien en oportunidad de su voto en la Comisión bicameral de seguimiento de las Facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, en octubre de 2006, votó en contra de la retroactividad en la renegociación del contrato entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A. Es evidente que en la citada empresa no estaban involucrados intereses económicos ni políticos de su marido.
07/02/09
El ejercicio de la memoria es lo que permite a los pueblos no repetir sus errores, y también es el único límite a la permanencia de los responsables.
Cuando el 12 de Julio de 2007 en Sesión Especial Extraordinaria la Honorable Legislatura de Tucumán aprobó el Acta de Renegociación Integral (ARI) con EDET se concretaba un hecho político que resulta ejemplo perfecto de una administración estatal empresario-gubernativa que pone a la política al servicio de los negocios. Veinticinco legisladores oficialistas (ver lista aparte) levantaron la mano sin asomo de debate alguno, a pesar de la indignación que mostraba la oposición.De los 33 legisladores que votaron, sólo 8 hicieron uso de la palabra, 6 de ellos fueron parte de los 8 que votaron en contra. Ese es el interés que mostró el oficialismo por un tema que hoy desespera al bolsillo de todos los tucumanos.
Antes, se había formado una comisión especial que llevó el irónico nombre de Comisión Especial de Seguimiento y Control de Edet. El miembro informante de esa comisión, Victor Lossi, abrió la lista de oradores con más ironía aún. Dijo, según la versión taquigráfica, entre otras cosas: “Establecimos planes de inversión para resolver la débil estructura del servicio, para lograr una mejor calidad del mismo, y recuperemos así la capacidad del Estado en la orientación y desarrollo de la oferta energética que se necesita”.
Su colega y cómplice Regino Amado lo apoyó: “Estamos asignando herramientas suficientes a la concesionaria para ser traducida en un servicio más eficiente, competitivo y sustentable a favor de los usuarios”. Intervenciones cortas, desganadas. La diástole de la billetera cardíaca gubernamental había ya garantizado los resultados. De nada sirvió que Alejandro Sangenis se aplicara con ahínco a denunciar: “Es fracaso (el convenio) en medio de la opulencia, es prioridad clientelar, es exclusión cotidiana, es preferir el bolsón y la ignorancia de rodillas de un pueblo a darle las infraestructuras necesarias…es la inequidad maldita que sufren los que menos tienen. Yo creo que Alperovich y EDET han cambiado la fórmula de la energía de Einstein. En lugar de masa por velocidad de la luz al cuadrado, ahora es meses retroactivos ilegales por complicidad del Gobierno al cuadrado”.
José Cano lo secundó desgañitándose: “Me parece realmente que este Poder Legislativo esta renunciando por “Obediencia debida” a una facultad indelegable, cuando esto se aplique vamos a ver cuál es la verdad (...) Acá, lo que se hizo es un acuerdo entre Alperovich y la empresa y todo el resto ha sido un mero trámite, porque repito, a EDET le es más fácil financiar campañas políticas que cumplir con el contrato”.
Le siguieron Rodolfo Danesi, Juan Roberto Robles, José Costanzo y Ernesto Padilla desde la oposición. Sin éxito por supuesto. Y puso el broche final el inefable Sisto Terán Nougués como para que la última palabra no sea de los críticos.
Así fue como, en un ratito, condenaron a la sociedad tucumana a pagar, y con retroactividad, todo lo que EDET considere que debemos pagar, según los costos que ellos consideran que tienen. En este tema, la legislatura pasó a funcionar en av. Avellaneda. Fue casi una reunión de directorio.
La administración empresario-gubernativa que maneja los resortes del Estado Provincial eligió claramente atender sus negocios aún a costa de los posibles costos políticos futuros, los que podrían cosechar ahora que la gente se dio cuenta de lo que se pergeñó al promediar el año 2007. La posible pérdida de algunos votos intenta ahora ser exorcizada con un poco de política demagógica y mucho de las arcas estatales. Se subsidiará a EDET, y de esta forma se sostiene el negocio y se atenúan las pérdidas políticas. Es el péndulo de las actitudes del Gran Administrador que debe alimentar tanto los intereses de su mesa de comensales como instrumentar las acciones destinadas a profundizar la dependencia de los más pobres de las dádivas clientelares. Así sostiene la materia prima de su poder, el insumo básico de la otra empresa, la empresa dedicada a ganar elecciones, sin descuidar el objetivo final de toda empresa, las ganancias.
Hacer política hace mucho tiempo que dejó de ser cosa de políticos, y por tanto dejó de ser un arte. Es cosa de ambiciosos empresarios posmodernos a ambos lados del mostrador. En el despacho oficial o en la gerencia general.
Así lo demuestra la posición sostenida por la propia esposa del gobernador y Diputada Nacional Beatriz Rojkés de Alperovich quien en oportunidad de su voto en la Comisión bicameral de seguimiento de las Facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, en octubre de 2006, votó en contra de la retroactividad en la renegociación del contrato entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A. Es evidente que en la citada empresa no estaban involucrados intereses económicos ni políticos de su marido.
Guía para volver a votar
Los que votaron por el "SÍ"
Elena Beatriz Alfaro
Roque Tobías Alvarez
Regino Néstor Amado
Beatriz Luisa Avila
Pedro Hugo Balceda
Carlos Rodolfo Canevaro
José Alberto Cuneo Vergés
Oscar Godoy
Ramón Jesús Graneros
Graciela Gutiérrez
Daniel Herrera
Neli López
Alfredo Victor Lossi
Angélica Manzanedo
Jorge Atilio Mendía
Sergio Miguel Miranda
Rodolfo Ocaranza
Antonio Raed
Olijela del Valle Rivas
Aldo Salomón
Ramón Armando Sierra Morales
Sisto Terán Nougués
José Antonio Teri
Marta Zurita
Alejandro Martínez
Los que votaron por el "NO"
José Cano
José Costanzo
Rodolfo Danesi
Ernesto Padilla
Roberto Arnaldo Palina
Juan Roberto Robles
Alejandro Sangenis
Pedro Stordeur
Apostillas. Por Ing. Miguel Ángel Villafañe
Un apretado resumen de los hechos que terminaron con el repetido ataque a los bolsillos de los tucumanos.
- Al momento de privatizarse la EDET (1995), la Provincia ya contaba con la ley de marco regulatorio (Ley 6608) y creado el organismo de control con sus misiones y funciones (Epret), esto es, se encontraban cumplidos los pasos previos exigidos como necesarios para conceder, en gestión privada, un servicio público que a su vez define un monopolio natural.
- Marco Regulatorio: similar al dictado a nivel nacional, salvo por dos singularidades importantes: exigía un plan de obras obligatorio, mientras que a nivel nacional el control fue exclusivamente por calidad (ex-post) y establecía distinta metodología para la adecuación de tarifa, al no fijar el pase directo a tarifa por la variación de los costos externos (pass through), y sí determinaba que “toda” revisión tarifaria exigía previamente ser considerada en Audiencia Pública. Y cuando la ley dice toda, se debe entender toda.
Este apartamiento del marco nacional fue observado por firmas interesadas en concursar, concretamente con el pedido de que expresa y taxativamente se diga que regirá el sistema pass-through. En ese entonces, la respuesta de la Comisión de Privatización fue negativa. Tucumán había elegido otro procedimiento para toda adecuación de tarifa.
- ARI: firmado en el 2007, introduce el sistema pass-through a sólo 10 años de una concesión por 99 años, modificando así un núcleo duro del contrato originario. El marco legal del ARI fue, modificar aquellas cláusulas afectadas por la emergencia (como ser exigencias de calidad, de inversiones, etc), respetando el contrato originario. En Tucumán, a partir del ARI, cabe hablar de un nuevo contrato, en consecuencia se excedieron en sus facultades, introduciendo la cuña de la inseguridad jurídica.
- Epret: la ley de su creación estableció la autarquía del organismo, un Directorio colegiado, designado con acuerdo de la legislatura, con selección de mérito, con estabilidad, todo ello en la senda de contar con un organismo con calidad institucional. La realidad transitó a contrapelo de la inteligencia de su creación, exhibiendo un deterioro progresivo de gestión, instalando en la sociedad la sospecha de haber sido capturado por el controlador, lo que produjo su intervención en mayo de 2005, visto la “anomia y desorden” que exhibía, según lo afirmaba el decreto de intervención. A más de tres años de estos hechos, nada ha cambiado, por el contrario profundiza su deterioro de gestión. Y sin un organismo de control con calidad institucional, el monopolio de la distribución carece de control, no hay “tarifa”, y rige así el “precio” que plantea el concesionario. En este contexto toda revisión tarifaria resulta arbitraria y por ello carente de todo consenso.
- Resolución Epret 563/08: dispone aumento retroactivo a mayo de 2008 por variación de costos internos (VAD). El seguimiento y supervisión de los costos internos del distribuidor requieren, con mayor exigencia, un organismo de control eficaz en su tarea. La intervención del Epret hoy no ofrece garantía de control, al haber desactivado el área a cargo de los “Estudios Tarifarios y Regulatorios” y al no haber instrumentado la contabilidad regulada exigida en el ARI. No cabe hablar de tarifa, porque para tener tarifa debemos recuperar el Epret a los fines de su creación, para ello, en plazo perentorio se lo debe normalizar, dando por concluida la intervención. Mientras, las resoluciones del Epret, en particular las referidas a “tarifa”, serán cuestionadas en su legalidad y carecerán de toda legitimidad social.
- Resolución Epret 475/08: dispone la metodología para aplicar el aumento por disminución de subsidios a la generación, también retroactivo esta vez a octubre 08, según Resolución SEN 1169/08. Fuertemente innovadora por establecer segmentación de la demanda no prevista en el cuadro tarifario de la EDET, nos referimos a los adicionales para demandas que superan los 1.000 kWh/bimestre.
Al respecto, la provincia debe observar que la pretensión de castigar demandas que superen 1.000 kWh/bimestre, y por el castigo, introducir una conducta de menor consumo, significa ignorar la necesidad -por política de salud pública- de morigerar con refrigeración el rigor del clima tucumano, que excede con creces los dos meses contemplados en una excepción instrumentada como paliativo. Tucumán debe plantear una excepción y pasar a 1.500 kWh/bimestre el umbral para aplicar cargos adicionales. Además, la aplicación de la Resolución Epret 475 al introducir segmentación de demanda no prevista en la tarifa vigente (por imperio de la Res. SEN 1169) coloca al usuario tucumano en situación de imprevisibilidad agravada por su carácter retroactivo.
- Resoluciones Epret 563/08 y Epret 475/08: aplicadas en simultáneo como se pretende hacer, introducen un factor de fractura de la capacidad de pago muy dañino para la sustentabilidad del servicio público.
- COROLARIO: el clima de malestar generalizado y el grado de crispación que se observa en la sociedad, requieren medidas que contribuyan a restaurar la armonía social. A tal efecto, resultaría positivo que los órganos competentes del Gobierno provincial establezcan un espacio y un tiempo para revisar lo actuado, disponer medidas que provean calidad institucional al Epret, y analizar de manera conjunta las cuestionadas Resoluciones Epret 563 y 475 en su legalidad, incidencia y racionalidad.
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