“Es un tema de seguridad nacional”, admitió un vocero de la Unidad Antiterrorismo de la Policía. Los líderes de las comunidades señalan que se trata de una campaña de difamación impulsada por estancieros, políticos y corporaciones.
La organización Askapena es una ONG internacional compuesta por ciudadanos del país y de la diáspora vasca. Sus integrantes son maestros, estudiantes y trabajadores que en sus vacaciones viajan a diferentes puntos del planeta para conocer realidades distintas. Los mueve la necesidad de acercarse a pueblos de todo el mundo que sufren alguna forma de opresión. Desde hace tres años visitan a los mapuches del sur de la Argentina, con quienes han establecido un vínculo fraternal, de intercambio cultural, político y social.
El ocho de agosto pasado, cinco militantes de Askapena participaron junto a un grupo de mapuches de un acto político que se llevó a cabo en la ciudad de Trelew en repudio de un caso de presunta represión policial contra comunidades originarias. Los vascos hablaron durante el encuentro acerca de la búsqueda de autonomía en el norte de España y todo transcurrió con normalidad, entre gritos de justicia, proclamas de libertad y bajo un cúmulo de nubes que presagiaban tempestades. Al finalizar el acto, mapuches y vascos se subieron a un micro alquilado y emprendieron viaje a la ciudad de Esquel. Pero, a poco de salir, cuando el colectivo se adentraba en la meseta yerma, un grupo de efectivos de la Policía Federal los interceptó. “Detuvieron el micro –cuenta Moira Millán, la líder campesina mapuche que encabezó el acto– y solicitaron documentos, en particular los pasaportes de los tres compañeros europeos. Nos obligaron a descender del micro. Pero nos negamos. Llamamos a un abogado, que envió a un colega rápidamente y pudimos seguir”.
Al llegar a Esquel, sobre la ruta de entrada, un camino que serpentea mientras desciende hacia un valle de colores ocres, la policía provincial y la Gendarmería volvieron a frenar al micro. Pero esta vez todo fue más evidente: los efectivos querían saber, con especial énfasis, quiénes eran los extranjeros. “Nos permitieron continuar –recuerda Millán–, pero cuando llegamos a destino nos encontramos con cuatro hombres de civil apostados frente a mi casa, arriba de un auto gris. Eran las cuatro de la madrugada y llovía torrencialmente: ese auto estuvo frente a mi casa en diferentes momentos, durante dos días. Mientras los vascos estuvieron de visita”.
Los vascos continuaron viaje, pero a Millán la vigilaron varios días más. El viernes 16 de octubre, luego de participar en actos públicos en Buenos Aires por el 11 de Octubre –para los pueblos originarios, el último día de libertad–, llegó a la terminal de micros de Retiro junto a otra compañera integrante de una organización social. Entonces se percató de que las estaban observando nuevamente. “Un sujeto nos siguió todo el tiempo. Cuando creíamos que había desaparecido, volvimos a encontrarnos con él en la misma dársena en la que iba abordar mi micro. El hombre subió al mismo micro que yo y descendió en Liniers, primera parada del recorrido. Apenas llegué a San Carlos de Bariloche, volvió a suceder lo mismo. Otro sujeto me empezó seguir hasta que me bajé en la terminal de Esquel, la ciudad donde vivo”.
La anécdota de los vascos en el sur y los seguimientos a Moira Millán, confirmados a Crítica de la Argentina por un vocero de la Unidad Antiterrorismo de la Policía Federal y otro de la Gendarmería Nacional, grafican una situación incipiente en el sur del país. Hace rato que la Patagonia dejó de ser el reino de la quietud para convertirse en un territorio efervescente y sin calma. Mientras las comunidades mapuches de Neuquén, Río Negro y Chubut exigen que se les reconozca la ocupación ancestral de miles de hectáreas hoy en poder de terratenientes locales y foráneos -y también del Estado-, latifundistas, empresarios, medios de comunicación y políticos denuncian a viva voz que algo está por estallar. Elucubran la teoría del regreso de la Araucanía, bajo el pretexto rebatible de que los mapuches provienen de Chile, y alientan fantasmas de toda índole. El mayor de ellos es el que sugiere la presunta existencia de una alianza político-militar entre aborígenes y organizaciones separatistas de Europa y Centroamérica.
“Con el argumento de un intercambio de la lengua –explica un hombre de la Federal–, miembros de ETA, digamos cuadros políticos, trazaron vínculos con los mapuches del sur. La policía hizo tareas de inteligencia, claro, sobre todo porque ETA se acercó al conflicto en Chile. Es un tema de seguridad nacional. Pero no lo podemos hacer público porque sería, estratégicamente, un error”.
El empresario Carlos “Nuno” Sapag, hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y gerente de una empresa minera, fue quien encarnó la denuncia más grave. El mes pasado, sin filtros, expresó públicamente que cuadros de ETA y de las FARC habían cruzado a la Argentina desde Chile para asesorar a los mapuches de su provincia en estrategias de guerrilla y recuperación de tierra. “Es necesario respaldar a los jueces y a las fuerzas de seguridad que muestran compromiso con su cargo”, destacó. “Sabemos que en la Novena Región hay gente escondida que pertenece a las FARC y a ETA y que se relaciona con algunos dirigentes mapuches para instalar la anarquía total en Neuquén”, agregó, apocalíptico. “Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, continuó, y concluyó: “Sólo quieren aprovecharse para instaurar el terror”. Varias veces insistió con su pedido de mano dura.
Al cierre de esta edición, Sapag fue internado con un pico de presión, razón por la cual no pudo opinar para este artículo. Cuando se le preguntó a su vocero en qué se basó para formular las graves acusaciones contra el pueblo aborigen, su respuesta fue: “En informes del gobierno chileno, donde alertan que encontraron armas e instructivo de las FARC y además en versiones periodísticas. En la zona de Aluminé hay europeos con pelo rubio que participan de las tomas: no son gente mapuche”.
El cuadro de denuncias contra las comunidades originarias terminó de ilustrarse con la seguidilla de notas que publicó el diario La Nación –una de ellas firmada por el periodista Rolando Hanglin– con el título de “El regreso de la Araucanía”, apuntalando la teoría de que los mapuches “vinieron de Chile” y la idea de que los empresarios agropecuarios, terratenientes y hoteleros del sur están preocupados por el creciente número de recuperaciones de tierra que se llevaron adelante en los últimos años. En algo no se equivocan. Si en Chile el conflicto mapuche llegó a un punto álgido que suma comuneros muertos y represión por parte del aparato estatal, en la Argentina, las comunidades se han organizado para la resistencia. Muy a menudo, plantan la bandera del Puel Mapu sobre territorios recuperados y reclaman por reivindicaciones postergadas. El caso Benetton en Chubut opera como paradigma, pero hay muchas recuperaciones más a lo largo de la Patagonia. Sólo en Río Negro fueron recuperadas más de 170 mil hectáreas en los últimos años.
Chacho Liempe vive en El Bolsón, al sur de Río Negro. Es el titular del Consejo Asesor Indígenas, la organización política mapuche más grande de esa provincia. Reconoce que su pueblo está en movimiento. “Estamos mostrando que existimos y que buscamos nuevamente el espacio negado, el que nos corresponde como a cualquier ser humano –explica–. Cuando se cuenta la historia de la Campaña del Desierto, no se cuenta que aquí se practicó un exterminio y que los que lo ejecutaron fueron después los dueños de la tierra, los que amasaron sus fortunas con las costillas de nuestra gente. Sus descendientes, más algunos políticos y otras corporaciones, son los que ahora dicen falacias, esas barbaridades de que nosotros estamos con la guerrilla”.
“Pero cuando nuestro pueblo sale a reclamar tierra –continúa Liempe–, no sale con armas, sino con la ley, con elementos como el convenio 169 de Naciones Unidas, al que la Argentina adhiere, que reconoce la existencia de los pueblos antes de la existencia de la Nación”.
Liempe ahora le responde a Sapag. “Sus argumentos son pobres, pero, como tiene a los medios de comunicación para disparar, utiliza falacias como la de las FARC y ETA para distorsionar”.
La Policía Federal está detrás de la huella de células etarras en el sur, pero ¿realmente existe conexión entre mapuches y terroristas?
“La información de que el pueblo mapuche ha estado levantando grupos armados para realizar actos de carácter terroristas busca finalmente, según nuestra impresión, justificar todavía más la represión de la que es víctima, tanto en la Argentina como en Chile, y de esa forma quitarles a sus legítimas reivindicaciones la importancia pública que se merecen “, explica desde Chile Sergio Millamán, dirigente del Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos.
Moira Millán aventura: “Las fuerzas de seguridad temen que lo que ocurre en Chile suceda acá. El sabotaje a las corporaciones del lado chileno les mete miedo a las empresas del lado argentino y las hace pensar en si vale la pena seguir invirtiendo en esta zona. Entonces, la Argentina quiere mostrar un territorio seguro para la inversión. Patagonia tiene una unidad geográfica y todo lo que se produce en Chile se podría producir acá. En lugares como Chubut, se tiene una perspectiva muy radical de la lucha. Si se radicalizara la lucha en la Argentina, probablemente encontraríamos más apoyo del que tienen en Chile. De ahí la preocupación de la policía”.
–¿Pero existen vínculos como denuncian estos sectores con las FARC y ETA?
–No, lo que existe es un vínculo de solidaridad con los pueblos. Los zapatistas, los vascos han sido oprimidos como nosotros. Pero de ahí a que estemos haciendo una coordinación político-militar y que estemos financiados por el narcotráfico hay un largo trecho.
OPINIONES
Actitud irresponsable
Ramón Minieri (Autor de Ese ajeno sur)
Al investigar para escribir mi libro, aprendí cosas ausentes en mi manual escolar.
Una: la ilegitimidad de ciertos títulos de propiedad. A empresas como la TASLCo, el Estado argentino les regaló extensiones enormes, diez veces el máximo legal, mediante testaferros, en concesión para “instalar colonos”. No trajo ni uno.
Dos: las enormes ventajas que usufructuaron estas empresas. No oblaban derechos de exportación o importación, ni tasa a las ganancias hasta 1933. Hasta 1946 no les dieron un sueldo decente a los peones, ni un colchón.
Tres: no hubo un “desierto” al que se conquistó. Se expropiaron a sus pobladores 78 millones de ha y se las privatizó a favor de empresas británicas y especuladores argentinos. Las colonias y chacras nacieron a contrapelo de esa política. Los nativos fueron desalojados violentamente; hubo campos de concentración, entrega de mujeres y niños a familias de las ciudades. Los restos de esos grupos suministraron la peonada de las estancias. Y siguen aquí, echados de sus lugares, hasta hoy.
Cuatro: estas historias no cesaron. Una nueva conquista en los años treinta, a cargo del general Justo, amigo de los estancieros, desalojó la reserva Nahuelpan. Y sigue la lucha de las comunidades por recuperar sus lugares, es decir su vida.
Cinco: la constitución violenta de nuestro Estado se mantiene sobre ciertos mitos que nos imbuyeron: el de que toda fundación requiere víctimas, el de los eficaces administradores extranjeros, el del indio malo y peligroso.
Hoy tenemos la oportunidad de refundar nuestro Estado a partir del protagonismo de sus diversos pueblos, repatriando a sus desterrados, reparando crímenes históricos. En esta encrucijada, es irresponsable la actitud de algunos medios y algún “entendido” que invocan la represión sobre las comunidades. Si de algo hubiera servido la violencia, ya no habría más violencia.
La recuperaciones siempre fueron pacíficas
Fernando Kosovsky (Director de GAJAT)
Leí con preocupación la campaña de dudoso origen promovida mediante el diario La Nación que encuadra al reclamo territorial mapuche como “violento”. Ésta es fácilmente refutable con datos objetivos.
La Constitución Nacional reconoce a los indígenas derechos de propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (TOT): este hecho reviste tanto e incluso mayor valor legal que un título de propiedad. El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Obs. Indiv. Convenio 169, Perú, 2001) afirma que “la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra en virtud del Convenio, independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no”, entendiendo a éstas como “las tierras que han llegado a constituir parte de su medio de vida”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene consolidando esta interpretación y en el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (28-11-2007) incluyó en sus fundamentos a la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas (AG/2007) ordenando al Estado restituir tierras y recursos que a los que hayan tenido acceso los indígenas.
Estos avances se están incorporando en la jurisprudencia por aplicación de la doctrina de la Corte Suprema en el caso “Giroldi” y las versiones sobre la opción del pueblo mapuche (o cualquier pueblo indígena) por una resolución violenta de su conflicto territorial son claramente malintencionadas, prescindiendo del derecho vigente de recuperar las tierras previsto en los tratados vigentes de derechos humanos y ya declarado reiteradamente por los tribunales internacionales antes citados.
Por ejemplo, el Consejo Asesor Indígena, representando a 11 comunidades mapuches, demandó a la provincia de Río Negro por no haberles reconocido sus TOT ni haber cumplido con el procedimiento de revisión vigente desde 1989 por ley 2287 (decr. reglam. 1693/90) ni entregarles otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Según la ley, en casos donde hay terceros ajenos a la comunidad despojada, además del despojo, la revisión determina si los terceros son inocentes o culpables. Los primeros deberán ser expropiados previa indemnización; los segundos, inmediatamente desalojados sin derecho a compensación alguna, ni siquiera por las mejoras introducidas. Siempre se restituyen las tierras al indígena justamente porque hay derecho a recuperar. Pero lo cierto es que hasta hoy, en ningún caso, el Co.DE.C.I. convocó la Comisión revisora.
Por último, volviendo al tema que nos convoca, interesa destacar que estas reafirmaciones y recuperaciones han sido pacíficas y públicas. Ninguno de los 40 procesos penales iniciados contra los miembros de comunidades indígenas que han reafirmado o recuperado sus derechos culminó en una condena. En las 12 causas por usurpación, en ningún caso se acreditó como modo comisivo el uso de “fuerza”, “clandestinidad” ni “violencia” previstos en el art. 181 del Código Penal, lo que desbarata lo central de la campaña de miedo impulsada en La Nación.
